Las cifras que se manejan, aunque extraoficialmente y por lo tanto imprecisas, nos hablan de unos 12.000 niños vendidos o adoptados ilegalmente por año. La mayoría de ese tráfico circula en el interior del país, en dirección interior-capital.
Aunque en mucho mayor numero, se puede hablar de entre 500 y 700 bebés vendidos al exterior, Europa fundamentalmente, donde no sólo pierden su identidad, sino también su nombre y nacionalidad. Para concretar este comercio, se lucra con la desesperación de las madres, generalmente abandona das, muchas veces menores de edad, con situaciones económicas deplorables, sin trabajo, sin contención familiar por un lado y con la ansiedad de una pareja que no puede tener hijos y que trata de conseguirlos de cualquier manera, por otro.Este tráfico delictuoso tiene precios establecidos. Alrededor de 5.000 dólares en el mercado interno y entre 10 v 20.000 dólares en el exterior.
Hasta 1994 no existía ningún instrumento legal que tipificara este delito. A fines de noviembre, se sancionó la ley que castiga el robo y tráfico de niños con penas de hasta 10 años de prisión y crea la figura del intermediario.
La sanción de esta ley -aún no promulgada- se produjo como consecuencia de la publicidad de una adopción irregular de un niño argentino por parte de un matrimonio español. Sin embargo, una de las criticas más importantes a esta ley es que mantiene la penalización a los padres, si bien con atenuantes si alegan un estado de necesidad.
Hay que señalar además, en relación a este tema, la prostitución infantil y el tráfico de órganos, (éste casi imposible de comprobar), que se dan en nuestro país.
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